MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por las licencias de las televisiones comunitarias, tras una denuncia presentada en julio de 2017 por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y RTV Cardedeu (Barcelona) que consideran vulnerados cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Así lo ha dado a conocer este miércoles 14 de marzo la Red de Medios Comunitarios, que ha indicado que el Estado español dispone de seis meses para dar una respuesta al requerimiento de informaciones y observaciones. La ReMC recibió la notificación de la ONU el pasado 5 de marzo.
La ReMC considera arbitraria y no proporcional la actuación de España, por lo que se vulnerarían los derechos del citado Pacto Internacional. Además, en la denuncia, ReMC y RTV Cardedeu aseguran que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
Respecto a las medidas de reparación que solicitan estas entidades destacan la planificación de frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas de fomento del sector, revisar la normativa de adjudicación y renovación de licencias, crear un organismo audiovisual independiente e imparcial, y una indemnización por los gastos judiciales.
"Parece que últimamente hay que acudir fuera para resolver los problemas de nuestro país. Queda patente que la libertad de expresión no se considera un pilar que hay que defender a toda costa", ha afirmado la presidenta de la ReMC, María Limón.
En este sentido, el coordinador de Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García, considera una "buena noticia" que instancias internacionales intenten arrojar luz sobre el supuesto incumplimiento de Derechos Humanos al no dar licencias a los medios comunitarios.
Según la Red de Medios Comunitarios, el Ejecutivo español argumenta que se está modificando "la normativa europea de programación de espectro para radios, televisiones y telefonía móvil". "Sin embargo, el Gobierno sí adjudicó en 2015 seis licencias de televisión de cobertura estatal", ha subrayado.
"El Ejecutivo discrimina a los medios comunitarios respecto a otro tipo de operadores, afectando al derecho a comunicar de las personas que generan contenidos en estos medios y al derecho a recibir comunicación por medios comunitarios que tiene la población, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual", argumenta la ReMC.
De este modo, unas 5.000 personas producen contenidos en las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro del Estado español, según una encuesta de la ReMC, que añade que la mayoría de los medios se ubican en municipios de menos de 100.000 habitantes (29%), aunque hay radios comunitarias en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante, entre otras.
